Si ha recibido una notificación roja de Interpol o una solicitud de extradición, su libertad de movimiento y reputación están en peligro. La búsqueda internacional puede resultar en una detención al cruzar fronteras, prisión provisional, congelación de activos y extradición. Pero usted tiene la oportunidad de cambiar esta situación.
Nuestro equipo jurídico está especializado en casos relacionados con Interpol y extradición. Verificaremos si realmente figura en la base de datos de Interpol, impugnaremos la notificación roja ante la Comisión CCF, lo defenderemos ante los tribunales del país donde se encuentre y le brindaremos asistencia completa durante todo el procedimiento de extradición. Actuamos con rapidez, eficacia y confidencialidad.
¿Qué es la extradición y quién la aplica?
La extradición es el proceso de entrega oficial de una persona desde el Estado en el que se encuentra hacia otro Estado que la solicita con el fin de iniciar un proceso penal o ejecutar una sentencia ya dictada. Es un mecanismo fundamental de cooperación internacional en la lucha contra el crimen, basado en los principios de confianza mutua, legalidad y respeto a los derechos humanos.
La extradición desempeña un papel clave en garantizar que las personas que intentan evadir la justicia fuera del país donde se cometió el delito no queden impunes. Sus principales objetivos son entregar al acusado al país donde se inició el proceso penal, fortalecer el orden jurídico y la seguridad internacional, asegurar una justicia equitativa sin límites territoriales y prevenir el abuso del derecho de asilo como medio para evitar la responsabilidad penal.
El mecanismo de extradición está regulado tanto por legislaciones nacionales como por normas internacionales. A continuación, se presentan los principios clave que siguen la mayoría de los países:
- Principio de doble incriminación: el acto por el cual se solicita a la persona debe ser considerado delito en ambas jurisdicciones;
- Motivación política: la extradición no procede si el caso tiene carácter político (este principio está establecido en la Constitución de Interpol);
- Riesgo de tortura: si en el país solicitante existen violaciones sistemáticas de los derechos humanos, riesgo de malos tratos o ausencia de juicio justo, el Estado requerido puede denegar la extradición;
- Principio de no entrega de nacionales: muchos Estados no extraditan a sus propios ciudadanos. En tales casos, puede aplicarse el mecanismo de persecución penal en el lugar de residencia.
Cómo una Notificación Roja activa el proceso de extradición
La Notificación Roja es una solicitud internacional de localización y detención provisional de una persona, publicada a iniciativa de un Estado miembro de Interpol. Contiene datos personales del individuo (nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad), una descripción del delito por el cual se le busca, el número de la orden nacional de arresto y una referencia a la legislación penal vigente.
El objetivo principal de esta notificación es alertar a las autoridades policiales de otros países y facilitar la detención del sospechoso al cruzar fronteras o al ser identificado en un tercer país.
La situación más común es que una persona cruce una frontera y el servicio migratorio realice una verificación en las bases de datos de Interpol. Si existe una Notificación Roja activa, la persona es detenida en base a la misma. Las autoridades competentes reciben información del país solicitante y se inicia el proceso de extradición, primero a nivel policial, luego con intervención de la fiscalía y finalmente de los tribunales.
Es importante señalar que en algunos países una notificación de Interpol se considera equivalente a una orden de arresto y no requiere de una decisión judicial adicional para proceder con la detención inicial.
Si una persona sospecha de antemano la existencia de una notificación y realiza una verificación (por ejemplo, mediante un abogado o enviando una solicitud a la Comisión CCF), es posible actuar de manera proactiva. Los abogados pueden enviar comunicaciones a Interpol o a las autoridades locales explicando las circunstancias. Se presenta una reclamación ante la CCF para eliminar la notificación (si existen fundamentos como motivación política, ausencia de delito, estatus de refugiado, etc.). También se recomienda restringir temporalmente los viajes internacionales para evitar una detención. Este enfoque permite tener el control de la situación antes de que se agrave.
Tras una detención por Notificación Roja, la persona queda bajo arresto provisional. El Estado solicitante dispone de un plazo para presentar oficialmente la solicitud de extradición. La fiscalía y los tribunales del país donde se encuentra la persona analizan el caso y deciden si conceden o no la extradición. En esta etapa es esencial contar con asesoría jurídica especializada en derecho internacional, ya que de lo contrario la decisión puede tomarse automáticamente a favor de la entrega.
Incluso en presencia de una Notificación Roja, el país de localización puede denegar la extradición si:
- no existe tratado de extradición,
- el país solicitante no proporciona pruebas suficientes,
- se violan normas del derecho internacional (riesgo de tortura, discriminación, falta de juicio justo).
En estos casos, la Notificación Roja permanece activa, pero no se ejecuta. La tarea de los abogados es lograr su eliminación a través de la CCF para evitar riesgos futuros.
Una Notificación Roja puede pasar desapercibida hasta el momento de la detención. Frecuentemente, las personas se enteran de ella al cruzar una frontera, al solicitar una visa o durante un control bancario. Por ello, ante la menor sospecha o ante una notificación oficial, es crucial realizar una verificación legal, determinar la existencia de la notificación y elaborar una estrategia de defensa —antes, durante y después de una posible detención.
Razones para denegar la extradición
Doble incriminación (Double Criminality). El delito por el cual se solicita la extradición debe ser considerado punible en ambas jurisdicciones. En caso contrario, la entrega no es posible.
Non bis in idem. Si la persona ya ha sido absuelta o condenada por los mismos hechos en otro país, no puede ser extraditada nuevamente por las mismas razones.
Principio de especialidad (Specialty Principle). La persona solo puede ser procesada por los delitos indicados en la solicitud de extradición. El incumplimiento de esta condición puede acarrear responsabilidades para el Estado solicitante y futuros rechazos de cooperación.
Motivación política. El derecho internacional prohíbe la extradición en casos con trasfondo político. Esto aplica cuando la persecución penal encubre un verdadero intento de castigar actividades opositoras, disidencia, participación en protestas, periodismo o crítica al poder.
Riesgo de violación de derechos humanos. Si existe una amenaza real de que la persona pueda enfrentar torturas, trato cruel o denegación de un juicio justo en el país solicitante, el Estado requerido tiene derecho a rechazar la extradición.
Pena de muerte. En muchas jurisdicciones existe una prohibición absoluta de extraditar si en el país solicitante el delito conlleva pena de muerte y no hay garantías oficiales de que no se aplicará.
Prescripción. Si en el país requerido ha prescrito la responsabilidad penal por un delito similar, también se puede negar la extradición.
Nacionalidad de la persona. Muchos países no entregan a sus propios ciudadanos a otras naciones. En estos casos puede aplicarse el procesamiento interno a solicitud del país solicitante.
Falta de pruebas suficientes. La solicitud de extradición debe incluir la descripción del delito, la calificación legal, pruebas de culpabilidad y una orden de arresto vigente. Si los documentos no cumplen con los estándares legales, el Estado puede rechazar la entrega.
Estatus de refugiado. Si la persona tiene estatus de refugiado o está bajo protección internacional (por ejemplo, ACNUR), extraditarla a un país donde corre riesgo de persecución va en contra de la Convención de Ginebra sobre el estatuto de refugiados.
Defensa en juicio
Los casos de extradición requieren un enfoque jurídico integral: los procedimientos suelen desarrollarse en varias jurisdicciones simultáneamente, y la entrega implica riesgos para derechos y libertades. Un abogado experimentado es clave en todas las fases, desde la evaluación legal preliminar hasta los recursos de apelación.
Antes de que el caso llegue a los tribunales, el abogado verifica la legalidad de la orden y la notificación de Interpol. Analiza si la orden cumple con la legislación nacional e internacional. Prepara un paquete de documentos que acrediten la inocencia o los fundamentos morales y legales para rechazar la extradición, solicita certificados oficiales, informes periciales, datos médicos y sociales. Informa sobre posibles tiempos de detención, condiciones de prisión preventiva y riesgos al tratar con las autoridades. En esta etapa se define una estrategia legal para presentarse en la primera audiencia con la mejor preparación posible.
Cuando la solicitud de extradición llega al tribunal, el abogado presenta peticiones para que se impongan medidas menos gravosas (fianza o arresto domiciliario) en lugar de la prisión preventiva. Argumenta que el cliente no huirá, no representa peligro para la sociedad y está dispuesto a colaborar con el proceso judicial.
Otra tarea fundamental del abogado es la defensa durante las audiencias. Presenta pruebas y objeciones contra la extradición (testimonios, informes periciales, documentos médicos), interroga a testigos de la acusación para detectar contradicciones o irregularidades procesales, impugna la veracidad de traducciones, la validez de la orden y las facultades del Ministerio del Interior y la Fiscalía.
Si el tribunal de primera instancia decide conceder la extradición, el abogado interpone recurso de apelación ante la instancia superior.
En la apelación, detalla las violaciones procesales cometidas por el tribunal de primera instancia, presenta nuevas pruebas o dictámenes no considerados, y, si es necesario, dirige quejas y solicitudes ante ACNUR, la ONU y ONG de derechos humanos (Amnistía Internacional, Human Rights Watch) para denunciar violaciones a los derechos del cliente.
Si enfrenta una amenaza de extradición o ha recibido una notificación de Interpol — actúe sin demora. Nuestro equipo jurídico cuenta con años de experiencia en defensa en casos de extradición. Estamos listos para verificar la legalidad de la orden y la Notificación Roja, diseñar estrategias de defensa judicial, preparar solicitudes y apelaciones sólidas, y cooperar con instancias internacionales y diplomáticos. Protegemos sus derechos, libertad y seguridad en cualquier etapa del proceso.
Características de la extradición en España
Los procedimientos de extradición en España están regulados tanto por fuentes nacionales como internacionales de derecho. La Ley Nº 4/1985 de 21 de marzo sobre extradición pasiva (Ley de Extradición Pasiva) es la principal norma interna que establece las bases, condiciones y el procedimiento para la entrega de personas a otros estados. La Constitución Española (artículo 13.3) permite la extradición en virtud de tratados internacionales y bajo el principio de reciprocidad. La Orden Europea de Detención y Entrega (EAW) opera dentro de la UE y tiene prioridad en el marco de la entrega interestatal.
El procedimiento de extradición en España comienza con la emisión por parte del Estado requirente de una orden internacional de detención. La detención oficial solo es posible con una orden nacional de detención válida. Tras recibir la información sobre la búsqueda internacional, el juez o la policía detienen al sospechoso. En un plazo de 72 horas, debe ser presentado ante la Audiencia Nacional.
La Audiencia Nacional evalúa la existencia de la orden internacional, los fundamentos legales de la solicitud, el cumplimiento del principio de doble incriminación y la ausencia de motivos para denegar la extradición (motivación política, riesgo de pena de muerte, torturas, discriminación).
Tras la audiencia, el juez emite un informe, tras lo cual la decisión definitiva corresponde al Consejo de Ministros de España. Si el informe del gobierno es favorable, la persona puede ser entregada. El abogado tiene derecho a impugnar la decisión judicial y las actuaciones de las autoridades si se vulneran los derechos del cliente, la extradición representa una amenaza para su vida o salud, o si el Estado requirente persigue motivos políticos.